El Gobierno promueve la Matriz Energética 2013 - 2027, con la que persigue incentivar las inversiones en generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Analistas y empresarios aprueban esta iniciativa pues creen que ayudará a bajar costos, generar más fuentes de trabajo y a beneficiar a la población.
El Gobierno se ha trazado un ambicioso proyecto de largo plazo, el cual busca cambiar el parque generador de energía con el propósito de depender menos de las fuentes térmicas y evitar los vaivenes de los precios de los combustibles, además pretende una reducción en los costos del suministro que permitan hacer más competitivo al país. Asimismo, persigue incrementar la cobertura eléctrica.
El Estado incentivará la generación de energía a partir de fuentes renovables, especialmente por medio de centrales hidráulicas, y así comprar la menor cantidad posible de electricidad producida con bunker u otros derivados del petróleo.
Los lineamientos, fijados en la Política Energética 2013-2027, establecen una hoja de ruta hacia la utilización más eficiente y responsable de los recursos naturales con los que cuenta el país a partir de fuentes renovables.
Según el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, el objetivo es contribuir al desarrollo energético sostenible con equidad social y respeto al medio ambiente.
Además el Gobierno cimentará las bases para atraer más inversiones en el sector de exploración y explotación petrolera, con lo que se incrementaría la producción nacional, generando más empleo y fondos para el erario público a través de impuestos y regalías.
Según el ministro Érick Archila, la Política Energética está compuesta por cinco ejes y una visión integral que compaginan las necesidades energéticas, ambientales y sociales del país. Estas son: seguridad de abastecimiento de electricidad y de combustibles a precios competitivos, exploración y explotación de reservas petroleras en búsqueda del autoabastecimiento, ahorro, uso eficiente de energía y reducción en el uso de leña.
ENERGÍA LIMPIA, TIENE PRIORIDAD
De acuerdo con el plan, para darle prioridad a la energía “limpia”, la cartera de Energía y Minas tendrá entre sus objetivos, lograr que el 100 por ciento de los nuevos proyectos de generación aborden los principios de desarrollo sostenible.
“Estamos convencidos que Guatemala debe convertirse en una plataforma eléctrica en Mesoamérica para ser un país competitivo, que motive a la inversión y transforme también el desarrollo económico y social de los guatemaltecos”, expresó el funcionario.
De esa cuenta, el Estado se compromete mediante esta Política Energética, a impulsar espacios de diálogo con los diversos sectores de la sociedad con el fin de gestionar “democráticamente las iniciativas de desarrollo social y económico”.
Según el ministro, la Política Energética establece nuevos desafíos en función de la dinámica nacional e internacional, como la respuesta a demandas sociales, la necesidad de mejorar las condiciones económicas del país y procurar un manejo responsable del medio ambiente.
El documento que resume la Política destaca el establecimiento de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. Asimismo, considera los escenarios del mercado internacional de electricidad e hidrocarburos, con lo que busca que haya mejor planificación de largo plazo en la producción y distribución de los recursos naturales de Guatemala.
SECTOR PRIVADO ELOGIA LA ESTRATEGIA
Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG), ha calificado de positiva la Política impulsada por el Gobierno. Considera que expresa la intención de marcar la ruta a seguir en el desarrollo del sector eléctrico.
No obstante, ha pedido a las autoridades, tomar en cuenta a este gremio para la implementación de todas las acciones y programas que la misma establece. “Esperamos ser tomados en cuenta en la implementación para poder ser participes de un proceso que traiga resultados positivos”, señaló Fernández.
A su juicio, “es positivo tener visiones de largo plazo que permitan una planificación del camino a seguir y que las políticas de Gobierno deben, en su implementación, mantener la certeza jurídica y generar la confianza en los inversionistas”.
Consideró además que la Política es una ruta que establece generalidades, pero que la Asociación de Generadores está a disposición de participar para establecer los detalles de su aplicación.
Asimismo, manifestó que será importante definir procedimientos y reglamentos claros en torno a las consultas, para evitar un uso mal intencionado de ciertos sectores que complican el desarrollo de proyectos energéticos.
PEDRO PRADO: “URGE CAMBIAR LA MATRIZ”
El analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Pedro Prado, coincide con los propósitos del Estado de cambiar las fuentes de generación energética: “Urge cambiar la matriz”, señaló. Considera que, en la medida como el país dependa menos del bunker y de otros derivados del petróleo para proveer electricidad, las tarifas podrán ser más competitivas.
No obstante, añade que estos proyectos, especialmente las hidroeléctricas, deben desarrollarse en armonía con el medio ambiente. “Creo que se han tomado buenas medidas y hacia ahí vamos, a aprovechar más nuestros recursos naturales, produciendo energía limpia”, agregó Prado.
Además de beneficiar a la población usuaria, también ayudará a que las empresas reduzcan sus costos, y esos fondos puedan ser liberados a más fuentes de trabajo, explicó el profesional.
Pero para evitar protestas o revueltas sociales, el experto de Asies, sostiene que el único camino es tejer un buen mecanismo de comunicación con todas las comunidades aledañas a las centrales hidráulicas que se construyan. “El tema es información y más información, pues deben tomarse en cuenta las opiniones de las poblaciones cercanas a cualquier proyecto de inversión eléctrica o de minería”.
LAS METAS FIJADAS EN LA POLÍTICA ENERGÉTICA
• Busca incrementar la cobertura eléctrica a un 95 por ciento, superando los indicadores registrados en el 2012, cuando la penetración de energía era del 85.6 por ciento, según el Ministerio de Energía y Minas.
• Llegar a un 80 por ciento de generación por medio de recursos renovables, aprovechando la capacidad hidráulica del país.
• Aumentar en aproximadamente 1,500 kilómetros de líneas de transmisión.
• Exportar hasta 300 megavatios de energía a la región centroamericana.
• Abrir espacio para que hasta un 100 por ciento de los nuevos proyectos de energía se implementen sobre los principios del desarrollo sostenible.
• Promover la explotación de gas natural y aprovechar las reservas que el territorio nacional tiene.
• Atraer inversión local o internacional para que por lo menos el 10 por ciento del petróleo nacional sea refinado en el país.
• Instalar alrededor de 100 mil estufas ahorradoras de leña, principalmente en áreas rurales.
• Reducir en un 15 por ciento el uso de leña.
SOLO EL DIÁLOGO REPRESENTATIVO
RESUELVE DIFERENCIAS SOCIALES
Las inversiones en energía y minería en el país han enfrentado un sinfín de protestas de grupos sociales que reclaman, por un lado, respeto al medio ambiente y por otro, más regalías de las empresas. Sin embargo, aunque son temas espinosos, dos destacados profesionales consideran que la única manera para llegar a acuerdos y aprovechar el potencial energético y minero del país, es el diálogo franco y sincero entre las partes.
Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico y Social (CES), explicó que las protestas que rodean a las inversiones en plantas hidráulicas y mineras, son diferentes.
En el caso de las hidroeléctricas, Porras afirmó que se han abierto espacios y logrado mayores acuerdos. Lo que la gente pide es información exacta de los proyectos “aunque siempre hay grupos que siembran confusión y alarmismo, creando mucho conflicto”, precisó. Y prueba de esa voluntad del diálogo, ha habido acuerdos en casos concretos. Por ejemplo, se llegó a consensos con las comunidades que se oponían a la hidroeléctrica de Xacbal y Palo Viejo, donde luego de amplias discusiones y de voluntad política entre los diversos sectores, se aprobaron las inversiones energéticas.
En el subsector de minería los avances han sido menores, pues a criterio del presidente del CES, “persiste el rechazo a estas inversiones de parte de amplios sectores”. En parte, consideró que se debe a que ha habido déficit de información relacionada con la explotación de los recursos y de las regalías que las empresas deben destinar al Estado y a las comunidades cercanas.
Pero esas diferencias deben minimizarse y buscar acuerdos, sentenció. Sin embargo, a juicio de Porras, por el lado de la población civil debe haber verdaderos representantes que comanden el diálogo, pues lo que ha ocurrido es que “en muchos casos hay personas no originarias de los lugares que se convierten en líderes de las protestas”. Añade que ese ha sido el oficio de estos aparente líderes comunitarios y que sólo ayudan a confundir y tergiversar la información.
“Hay que hablar con los representantes legítimos, que se informen bien de los proyectos; claro que deben velar porque no se dañe el entorno ambiental y conseguir que las inversiones favorezcan a sus comunidades”, consideró. Según Porras, el CES tiene en su agenta tratar ambos temas y avanzar.
BALSELLS: “INFORMACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN”
Para el analista económico y Ex ministro de Finanzas Públicas, Edgar Balsells, las partes involucradas en los temas de energía y minería deben agotar las vías del diálogo con las comunidades, tomando la experiencia de países sudamericanos. Aunque discrepa en los porcentajes de las regalías establecidos (5 por ciento), considera que es oportuno que prevalezca el diálogo para que las empresas tomen en cuenta a las comunidades.
“Se debe trabajar más con las comunidades y crear estructuras más de base: hay que hablar con toda la gente, como lo hemos visto en Bolivia, donde se creó el concepto “Del buen vivir”, expusó el analista.
Coincide con Porras al poner como ejemplo los acuerdos alcanzados con las poblaciones aledañas a la hidroeléctrica de Xacbal. “Este es un buen ejemplo y hay que hacerlo así en otras partes donde suceden conflictos”, precisó el economista.
“SIEMPRE DEBEMOS TENER RESERVAS TÉRMICAS”
Rodrigo Sagastume, de la firma Mercados Eléctricos de Mesoamérica (Melecsa), elogia las iniciativas que promueve el Estado para impulsar más proyectos de generación a partir de fuentes renovables, principalmente de centrales hidráulicas. El cambio ayudará a que el país dependa menos de la generación de electricidad con derivados fósiles, como búnker.
Sin embargo, cree que el país no debe abandonar por completo, o cerrar las oportunidades a otras fuentes de generación, como las plantas térmicas, debido a que en cualquier momento de crisis por falta de lluvias, los embalses de las represas se podrían ver reducidos. En estos casos, aunque parezcan extremos, las plantas térmicas son eficientes y cubren esos déficits importantes, señala Sandoval.
“Siempre tenemos que tener reservas de plantas que funcionen a base de combustibles porque en una época de sequía son importantes para que no haya racionamientos”.
En términos generales, el experto agrega que en los próximos años Guatemala tendrá bastantes proyectos nuevos de centrales hidráulicas y otros eólicos que pueden ayudar a reducir los costos del suministro, aunque recordó que en la factura del usuario hay otros recargos que no se pueden eliminar, como las tasas municipales, por ejemplo.
